Función pública local.
Incidencia de la Ley. 27 2013
de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Vamos a analizar en esta sesión
una serie de aspectos que han sido
afectados
de una manera muy importante por la Ley 27 de 2013.
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
La Ley de 2013.
La reforma del régimen local de 2013.
Ha llevado a cabo un.
Replanteamiento de las premisas sobre las cuales se ve
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007.
Había afrontado.
Algunos aspectos esenciales del régimen jurídico de la función.
Pública local.
Y en este sentido vamos a tratar precisamente como vamos a ver,
cuestiones tan trascendentales como el sistema de fuentes
de la función pública local.
La reserva de.
Funciones a funcionarios de carrera en la función.
Pública local.
La delimitación también como consecuencia de funciones
y puestos entre los funcionarios y el personal laboral.
También de una manera muy trascendental.
La reforma. De 2013.
A afectado al.
Régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter
nuevamente nacional. Antes.
Antes con el Estatuto Básico del Empleado
Público de 2007 se les denominó de carácter estatal.
También hay una. Redefinición del.
Personal eventual.
Hay algunas cuestiones que afectan
de manera importante al personal eventual.
Y por último, haremos alguna mención final.
A la función.
Directiva en el ámbito local.
Bien, como decimos, la reforma.
De 2013 del.
Régimen local, reforma de la.
Ley de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local.
Ha llevado a cabo una
replanteamientos.
Muy importantes sobre la función pública.
Local.
Partiendo siempre de la base
de las peculiaridades que afectan a la administración local
y muy en particular, a la función.
Pública local.
La reforma de. 2013, como digo.
Afecta a cuestiones.
Que podríamos denominar nucleares.
Premisas básicas del sistema de.
Función pública local.
Y de alguna manera.
También resulta un poco,
por lo menos no diría sorprendente.
Pero la finalidad que inspira la.
Reforma de 2013,
no en este.
Sentido, no se alinea con las necesidades de reforma.
En este punto de la función pública local.
Razón que evidencia que de alguna manera
el sistema que se había intentado reformar.
En 2007 a través del Estatuto Básico del Empleado.
Público, en particular en lo que respecta al.
Régimen jurídico de los funcionarios
con habilitación de carácter nacional y también algunos aspectos confusos
sobre la delimitación de funciones y en última instancia,
el sistema de fuentes, pues se habían creado una cierta
confusión sobre sobre estas cuestiones.
Que la reforma. De 2013.
Una reforma más orientada a.
Como dice su propio título, a racionalizar y establecer una.
Sostenibilidad en cuanto.
A los costes, al sistema de competencias,
los servicios públicos, etcétera se introducen.
En la reforma.
Pues como digo, unas cuestiones muy importantes
sobre el sistema de fuentes, la reserva de funciones
o los funcionarios con habilitación de carácter nacional
y también del personal eventual en la función directiva.
Bien, comenzando con lo que respecta al.
Sistema de fuentes en la función.
Pública local.
Tenemos que.
Tener en cuenta, efectivamente, que
el. Sistema de fuentes en la función.
Pública local es un problema permanente, porque hay aquí una gran.
Confusión que se.
Deriva no sólo de las propias peculiaridades.
De la administración. Local.
No tanto en sentido abstracto, sino en sentido concreto.
La heterogeneidad de.
Las administraciones locales, de las burocracias al servicio de
unos, de unas entidades locales de tamaño completamente diferente.
Unas funciones también muy singulares.
Pero desde un punto de vista más, de premisas.
Las fuentes en la función pública local se han encontrado,
en primer lugar, con el tradicional problema del franquismo.
El carácter bifronte del régimen local.
Dice nuestra jurisprudencia constitucional.
Y la doctrina.
Viene a decir que efectivamente
hay dos titulares de competencia que afrontan
la regulación del régimen local y uno.
De sus componentes también el de la.
Función pública local.
Y por tanto, es necesario conciliar.
Esos dos titulares de competencia.
Estado, por un lado, con carácter.
Básico, su potestad legislativa.
Y comunidades autónomas.
Desarrollo y el propio margen.
Que por tanto se les reconoce.
De regulación. Del. Régimen local de.
Las entidades locales sitas en su territorio.
Bien a este vi franquismo de titulares.
De competencia y Estado Comunidades autónomas.
Habría que añadir también el.
Franquismo de títulos competenciales.
Porque el régimen
jurídico de la función pública local va a ser abordado desde.
Dos. Materias diferentes
desde el régimen local.
Una regulación de la función pública local en la legislación.
Propia y específica específica del régimen. Local.
Por ejemplo, el Estado en la Ley de Bases de Régimen Local o también
la función pública local, puede venir regulada con carácter más general.
Desde la perspectiva del régimen.
Funcionarial, del régimen del.
Estatuto jurídico.
De los funcionarios públicos.
Y esto puede dar lugar en.
Ocasiones, como veremos.
A discordancia y a problemas de
si prima una fuente o prima una la regulación del régimen local
o la regulación del régimen funcionarial, siempre referido
a la función pública local.
Bien decíamos.
Franquismo de títulos competenciales, régimen.
Local y régimen funcionarial y.
Bifronte de titulares de competencia y de Estado, comunidades autónomas.
En realidad, este vi franquismo de titulares de competencia
hay que superarlo, hay que entenderlo superado
y de alguna manera, por tanto.
Haciendo más complejo todavía el sistema.
Desde la perspectiva de.
Que no sólo Estado
y Comunidades autónomas evidentemente ostentan competencias.
Para la.
Regulación del régimen local, también las propias entidades locales
deben ostentar.
Y deben ejercer competencia reguladora.
Sobre el régimen jurídico de sus funcionarios.
Evidentemente, desde las premisas
propias de respetar
el marco legislativo que les viene establecido por el Estado.
Y por las Comunidades. Autónomas.
Pero desde también la.
Premisa constitucional de que son entidades.
Locales dotadas de autonomía local y que evidentemente tienen que tener
algún tipo de margen competencial para regular, en la medida.
De sus posibilidades.
Materiales y jurídicas, su régimen.
Jurídico, el personal a su servicio.
Y, por ejemplo, hay también otra premisa básica del régimen.
Jurídico de los funcionarios locales, que también debe.
Ser tenida en cuenta y es la reserva de ley del.
Régimen.
Funcionarial, que, por ejemplo, impide.
A las entidades locales.
Evidentemente hacer una regulación legislativa o regular.
Aspectos que están sometidos por la Constitución.
A reserva de ley y.
Que, por tanto y de manera evidente, las entidades locales no.
Pueden regularlo.
Por tanto.
Competencias del Estado de.
Las Comunidades Autónomas, pero también competencias de las.
Entidades locales
que son
entidades dotadas de autonomía local
y que, aunque carecen de potestad legislativa.
Sí ostentan una.
Potestad reglamentaria que debe, por tanto, desplegarse también en la.
Conformación del régimen jurídico de las entidades.
Locales y que debe ser tenida en cuenta.
No solo.
Por Estado. Y comunidades autónomas.
Para respetar un margen de actuación regulatoria por.
Parte de las entidades locales, sino también por las propias entidades.
Locales que deben ser conscientes de que.
Tienen esa potestad.
El sistema de fuentes en la función
pública local merece la pena hacer una
pequeña.
Reflexión retrospectiva.
De cómo estaba regulado originariamente
en la Ley de Bases de Régimen Local de mil.
985 se establecía
que los funcionarios al servicio de la administración.
Local se rigen en lo.
Dispuesto por esta ley, lo dispuesto por la Ley de Bases de Régimen.
Local se regiría, por tanto, por la legislación del Estado y.
De las Comunidades autónomas.
Dice en los términos del artículo 149 uno xviii, es decir.
En lo no dispuesto por la Ley de Bases de Régimen local.
Por tanto.
Primacía del régimen local sobre el régimen funcionarial.
La legislación de régimen local relativa a función pública
podía contener peculiaridades especialidades
respecto al régimen jurídico.
Funcionarial. De carácter general.
La previsión última de que se regula por la.
Legislación del Estado y de las comunidades autónomas
en los términos del artículo 149 uno 18, hace referencia.
Evidentemente, a la nueva distribución.
De competencias.
Que alumbra la. Constitución de 1978.
El Estado ostenta.
Competencia regulatoria evidentemente.
Legislativa sobre el. Régimen local y.
Sobre el régimen de los funcionarios.
Locales. Pero esa competencia
está caracterizada por ser de carácter básico.
El Estado. Sólo.
Ostenta competencia legislativa de carácter básico para regular
el régimen jurídico local y el régimen jurídico funcionarial.
En y en síntesis, el régimen
jurídico de los funcionarios públicos locales.
Carácter básico.
Esto evidentemente condiciona el régimen
jurídico que el Estado puede establecer.
Sobre los funcionarios. Locales.
Porque siempre va a ser una regulación básica.
No puede ser una regulación completa, exhaustiva
que, por ejemplo, elimine la capacidad de.
Las comunidades autónomas.
De establecer un desarrollo normativo también sobre esta materia, o
bien a las entidades locales no.
Se les menciona.
En este artículo. 92.
Originario que habla.
Solamente de Estado y Comunidades autónomas.
Y no lo hace porque ya la propia ley, en un artículo anterior
que intentaba precisamente clarificar cuál era el sistema normativo,
el sistema de fuentes
en toda la administración local,
no sólo en relación con la función pública, sino también en materia.
Organizativa y en todos los aspectos.
Intentaba
establecer la premisa de cuál era la normativa aplicable
también en materia de función pública.
Hablaba el artículo cinco originario que en materia de personal,
después de la regulación del Estado de las.
Comunidades.
Autónomas, se aplicaban, hablaba las ordenanzas de cada entidad.
Bien, este artículo cinco fue declarado inconstitucional por.
La Sentencia 214.989.
No porque la previsión.
En sí fuera inconstitucional.
Sino porque.
Consideró el Tribunal Constitucional no solo esta.
Materia relativa a personal, sino todas las demás,
que era superfluo, porque el sistema.
De fuentes se derivaba directamente de la Constitución.
Y, en última instancia, el único que.
Podía interpretarlo era el Tribunal Constitucional.
Bien, como digo.
No era inconstitucional esa previsión.
En sí misma,
pero en la medida en que fue declarado superfluo, fue eliminado,
con lo cual, de originar y he leído bases de régimen local, desapareció.
Precisamente.
Esta. Referencia que las entidades.
Locales también podían mediante ordenanzas regular el.
Régimen jurídico de su personal.
Aunque no viniese explicitado al final
por eliminar este artículo en la Ley de Bases de Régimen Local.
Es inherente a la autonomía local, organizativa y a la potestad a las.
Potestades de las entidades.
Locales, la regulación del régimen.
Jurídico de su personal.
Siempre en el marco normativo y legislativo del.
Ordenamiento establecido por el Estado
y por las Comunidades Autónomas.
Pero ahí hay un margen, evidentemente formalmente articulado y.
Encauzado a través de reglamentos.
Pero hay un margen material que, primero, la propia normativa del.
Estado, de las Comunidades autónomas ya.
Ya reconocen o.
Por lo menos dejan un. Margen.
Es cierto que pueden dejarlo.
Más o menos.
Pero que las entidades locales pueden regular y pueden optar.
En algunos aspectos no sometidos a reserva.
De ley por. Regulaciones.
Propias, bien de la regulación de la Ley de Bases de Régimen.
Local de 1985
pasamos a la regulación del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007.
Aquí el Estatuto Básico del Empleado.
Público de 2007 en el.
Artículo tres hace precisamente introduce un artículo
en el que establece
precisamente el sistema de o quiere dejar claro que no lo.
Consigue por la propia ambigüedad de los términos.
Cuál es el régimen jurídico.
De los funcionarios locales?
Dice el personal funcionario de los entidades.
Locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación.
Cual ya es bastante.
Ambiguo, si la que resulte de aplicación,
dice, de la que forma parte este estatuto dice
En cualquier caso, será la que sea
la legislación del Estado la que sea aplicable.
En cualquier caso, el Estatuto básico del empleado Público.
Bueno.
Ya nos dice una sola cosa.
Hay otra más.
Evidentemente hay más legislación del Estado que es aplicable
y hice luego por la legislación de las.
Comunidades autónomas.
Con respeto a la autonomía local.
Con este artículo
y también con la derogación que hace el Estatuto Básico del Empleado
Público del artículo de la Ley de Bases de Régimen Local, relativa.
Precisamente al que hemos visto antes, relativa.
Al. Sistema de fuentes en la función.
Pública local.
Nos encontramos con.
Que el Estatuto Básico del Empleado Público pretendía
erigirse en la norma de referencia y primaria del.
Régimen jurídico de los funcionarios públicos locales.
Esto significaba, en primer lugar, claro, que
la legislación estatal que
resulte de aplicación de la que forma parte este Estatuto,
entendía que había una preferencia de
aplicación del Estatuto sobre la Ley de Bases de Régimen Local.
Es decir, se cambiaba el sistema anterior, donde primaba la.
Legislación de bases de.
Régimen local por la legislación de régimen local.
Por considerarse que tenía un carácter especial
respecto a la general de funcionarios.
Ahora, con el Estatuto Básico del Empleado Público, esta.
Esta ley. De 2007.
Pretendía erigirse en la referencia básica o primaria o común,
a partir de la cual solo podían
pender
particularidades complementarias, pero nunca contradictorias.
Por tanto, el Estatuto básico del Empleado.
Público se aplica.
En todo caso y con preferencia a la Ley de Bases
de Régimen Local, que no podía contradecirlo.
Así, por ejemplo, podía desarrollar nunca a contradecir.
Es entendido, por ejemplo, desde el primer momento
que en la medida que el personal eventual
en la definición que hace el estatuto básico del empleado.
Público del personal.
Eventual que lo reduce a personal de.
Confianza o de asesoramiento.
Pues claro,
no podía ejercer funciones directivas en la definición
de personal eventual.
Del Estatuto Básico del. Empleado Público.
No se recoge.
En el ejercicio. De funciones directivas.
Con lo cual las previsiones del régimen
de la legislación de régimen local, ley de Bases y en particular.
El texto refundido del régimen. Local.
Que recoge la posibilidad de que el personal eventual
ejerciera funciones directivas.
Entonces se entiende que esa previsión es contraria
al Estatuto Básico del Empleado Público y a.
Partir del Estatuto Básico. Del Empleado Público,
el personal eventual en la administración local no.
Puede ejercer funciones directivas.
Bien es cierto.
Que también en la propia concepción completa.
Del Estatuto Básico del Empleado.
Público, este entendía que las.
Funciones directivas iban a ser desempeñadas
en las administraciones públicas por un personal directivo profesional.
Singular.
Al haber quedado esta.
Figura del personal directivo profesional.
Completamente desdibujada.
Incluso. Ni siquiera necesaria.
Sino que es de carácter potestativo, sin ser tampoco
una clase de personal, sin unas funciones directivas.
Realmente el régimen de la función directiva
en todas las administraciones,
pero particularmente en la administración local.
Queda un poco
fragmentario y un poco fuera de juego.
Bien,
otro ejemplo de la.
Trascendencia de esta primacía
del régimen funcionarial sobre el régimen.
Local, concretado en la.
Primacía del Estatuto Básico del empleado público
sobre la Ley de Bases de Régimen.
Local. Es la polémica.
Que precisamente años después,
evidentemente, con la vigencia del Estatuto Básico.
Del Empleado Público, vino dada por la.
Determinada de la jornada laboral en las Administraciones públicas.
El Real Decreto Ley veinti.
2011 estableció que.
La jornada laboral de la.
Administración General del Estado sería de 37 horas y.
Media.
Esto suponía. Una contradicción o.
Arrastró una contradicción entre dos normas.
La Ley de Bases de Régimen Local dice La jornada de.
Trabajo de los funcionarios de la Administración local.
Será en cómputo anual.
La misma que se fije.
Para los funcionarios de la Administración civil del Estado.
Es decir, la Ley de Bases de.
Régimen Local señala que la jornada laboral de.
Los funcionarios locales.
Será la que se.
Fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado.
Por tanto, según esta norma.
La aplicable
sería sería de aplicación en la Administración local.
Esa jornada laboral de 30.
Y 07:30 que establecía el Real Decreto Ley veinti 2011.
Sin embargo, muchas entidades locales alegaron
que el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 47, señalaba.
Que las Administraciones públicas.
Establecerán la jornada general.
Y las especiales de. Trabajo.
De sus funcionarios públicos.
Con lo cual
entendían que había una primacía del Estatuto Básico del Empleado.
Público sobre la Ley de Bases de Régimen.
Local, Ley de Bases de Régimen Local, que se remitía a la
a la jornada laboral de la Administración General del Estado.
Pero entendieron que ese artículo había sido desplazado o derogado.
Incluso.
Por el artículo 47 que atribuye
a cada administración la fijación de la jornada laboral.
Incluidas por tanto, las administraciones locales.
Por lo tanto, no se aplicaría el artículo 90 y.
Cuatro, sino al 47 y de hecho, a entidades locales.
Prescindieron de esa jornada laboral.
Establecida para la Administración General. Del Estado.
Bien, la confusión. Duró unos meses.
Porque la.
Ley dos 2011 de Presupuestos para 2012,
unos meses después del Real Decreto Ley veinti 2011.
Lo que hizo fue
superar el problema por elevación
y estableció que la jornada laboral para todas las.
Administraciones públicas.
Con carácter básico, sería la que establecía el Estado en.
Esa Ley de Presupuestos para 2012.
Por tanto, ya no era solamente la jornada laboral
para la Administración General del Estado
y superando la polémica de si se aplicaba
94 de la Ley de Bases de Régimen Local o el 40.
Y siete del Estatuto Básico del Empleado
Público en las entidades locales.
También para
todas las administraciones públicas, incluidas las autonómicas,
se aplicaría lo establecido en la Ley.
De Presupuestos para 2000.
12 y se establecía con carácter básico.
Por tanto, eso permitía que se aplicara a todas las.
Administraciones.
Públicas al amparo del artículo 149.
Uno 18.
Régimen jurídico de los funcionarios públicos, cual es bastante
discutible.
Pero también se alegaba como amparo de esa medida el artículo 100. 49.
Uno 13.
Que establece y atribuye al Estado
la competencia para establecer las bases y la coordinación
de la actividad económica, entendiendo que era una medida
que suponía un ahorro de costes.
Es una decisión que además está impugnada
ante el Tribunal Constitucional y veremos cuando,
cuando emite este Alto Tribunal sus sentencia.
Pero vemos, por.
Tanto, la importancia de aplicar
o entender la preferencia de la normativa de régimen local o de.
La normativa de régimen funcionarial de carácter.
General.
Bien, el Estatuto básico del empleado.
Público de 2007, después de.
La legislación del Estado, la que fuese.
Legislación básica de régimen.
Local. O legislación básica de régimen.
Funcionarial, señalaba a continuación que el estatuto.
De los funcionarios públicos locales,
el régimen jurídico de los funcionarios públicos locales.
Seguía también.
Se regiría también por la legislación de las comunidades autónomas.
Bien, esta referencia tan escueta
tiene sin embargo, una trascendencia
mayor de la que pudiera parecer, porque, como decíamos antes.
El Estado sólo ostenta.
Competencias básicas.
Por lo tanto, no puede establecer un estatuto.
Completo. Exhaustivo.
Ni comprensivo hasta el último detalle del estatuto.
De los funcionarios públicos locales.
Esa competencia sólo.
Le corresponde a las.
Comunidades autónomas.
Que tienen esa competencia y.
Además ostentan potestad. Legislativa.
Que son dos premisas constitucionales para establecer el Estatuto
de la Función pública local.
Por lo tanto, son las comunidades autónomas.
En última instancia.
Respetando el marco normativo o legislativo básico del Estado.
Pero que siempre será eso básico.
Las que deben establecer el Estatuto de la Función Pública local.
Y aquí hay que reconocer que.
Las Comunidades autónomas
no. Han tenido.
Una. Sensibilidad particular respecto.
A la fijación o a la determinación del estatuto de la función.
Pública local, bien porque.
Apenas lo han. Tenido en cuenta y han.
Hecho una mención. Si acaso
de pasada, en
su propia legislación de funcionarios, indicando.
Que la legislación.
De funcionarios de la Administración autonómica correspondiente será.
También aplicable a las entidades locales de.
Citas en ese territorio autonómico.
Con lo cual era una remisión en bloque de que toda la.
Legislación de.
Función pública de la Comunidad autónoma o de la pensada.
Y ese es el problema para la administración autonómica.
También era de aplicación.
A la administración local?
En ocasiones ni eso.
Lo anterior así. Lo vemos.
En la Ley de Castilla-La Mancha, la Ley de Empleo Público.
De Castilla-La Mancha y en otras leyes
autonómicas de función pública autonómica.
Pero hay otras, por ejemplo, la andaluza, que no recogen esa.
Aplicación a las entidades locales de su territorio y por tanto,
nos encontraríamos con que habría, en ese caso,
que acudir a una aplicación supletoria
de la administración de la Ley de Función Pública
o la legislación de Función pública aplicable
a la Administración General del Estado.
Pero como digo. Las comunidades autónomas.
No han proferido o.
Ni siquiera son conscientes o o no consideran.
Oportuno acometer una regulación específica.
No digamos ya un estatuto completo, específico, singular.
Que podría estar o no.
Justificado según las circunstancias.
Una ley.
Especial de función pública local para las entidades.
Locales de su territorio.
Sino siquiera en su legislación de función pública,
que la comunidad Autónoma aprueba para su administración
autonómica, siquiera recoger algún título o.
Unos capítulos.
Específicos
que recojan las particularidades que existen y las hay de las de.
Las funciones. Públicas de.
Las administraciones. Locales.
Sitas en su territorio.
Y eso tiene dos consecuencias.
En primer lugar, que las entidades locales suelen carecer
de una normativa de función pública de carácter legislativo
pensada para ellas, para esa.
Administración, para esa función.
Pública.
En segundo lugar, que
la operación legislativa de Estado, pero también
de comunidades autónomas, es relativamente poco respetuosa.
Con. La autonomía local.
Entonces esto lleva a que
hacen remisiones en bloque, aplicación en bloque de legislación,
legislación autonómica, de función pública pensada para una.
Administración.
Autonómica diferente y con necesidades diferentes a la de la.
Administración.
Local y a veces proceden a unas regulaciones excesivas
que reducen el margen de actuación de las entidades locales.
Y es que, efectivamente, el Estatuto Básico del Empleado
Público lo dice muy claramente cuando termina se elenco de normas.
Que son de aplicación al personal funcionario.
Local,
termina diciendo
con respeto a la autonomía local
Esta es una referencia, en primer lugar preventiva hacia el.
Estado y las comunidades.
Autónomas que al hacer la regulación de la función pública local.
Deben respetar esa.
Autonomía local y por lo tanto deben reconocer
o explícitamente.
Esas competencias de las entidades locales
en materia de función pública, cosa que ninguna hace.
O al. Menos.
Permitir que las entidades locales puedan desplegar su potestad
normativa necesariamente de carácter reglamentario
en materia de función pública local
para su personal.
Esto lleva a que bueno,
sería necesario, en primer lugar, que las entidades locales
tomaran conciencia de que pueden y deben regular.
Aquellos aspectos.
Formalmente. No sometidos a reserva.
De ley y materialmente, que permitan desplegar políticas de.
Personal para sus funcionarios.
Determinadas.
Y en segundo lugar, y desde otra perspectiva,
que estas de comunidades autónomas deberían ser más sensibles
a la hora de reconocer ámbitos de despliegue
de la autonomía local a la hora de conformar sus burocracias.
Esto no significa que. Cada entidad local establezca.
Su propio estatuto de función.
Pública, desconociendo por completo
la legislación.
Del Estado y de las Comunidades Autónomas.
La autonomía local en materia de función
pública local que se quiere reconocer.
O que se debe reconocer a las entidades. Locales.
Lo único que debe hacer, pero no es poco, es permitir una
una adaptación con un desarrollo propio de.
Aquellos aspectos que no son esenciales del estatuto funcionarial.
Y por lo.
Tanto no están sometidos a.
Reserva de ley,
y que tampoco el Estado, por tanto,
ha establecido una regulación legislativa básica,
pero que cada entidad local podría optar por
opciones propias y que no afectan en nada a la.
Civilidad. De unas normas comunes
y que garanticen una mínima igualdad, que es una.
Última instancia de la finalidad de la legislación básica.
De la. Legislación de función pública, del Estatuto de Función.
Pública.
Pero permitir que las entidades locales desarrollen.
En aspectos no esenciales implanten cuestiones.
Propias según su propia concepción de cómo pueden gestionar
sus recursos humanos, de cómo pueden organizar aspectos.
No. Esenciales, por ejemplo.
Determinadas cuestiones de la.
Evaluación del desempeño o todos.
Aquellos aspectos, en última instancia, que son regulados por.
Reglamento, por definición.
No son. Esenciales.
Porque lo esencial está sometido.
A reserva de ley y ya es regulado por el Estado.
De Comunidades Autónomas.
Pero todo lo que no es esencial, todo lo que es complementario,
todo lo que es
articulación o concreción,
adaptación de previsiones generales, se debería.
Dejar a las entidades locales que. Lo puedan hacer.
Insisto. Esto no significa.
Que cada entidad local establezca un estatuto diferente, autónomo.
Para sus funcionarios locales, No.
Porque esa unidad consustancial de la función
pública de un régimen jurídico funcionarial
viene dado por un lado, por la legislación básica del Estado,
que establece el mínimo para todas las administraciones públicas.
Pero además, en el caso de la administración local viene
dado también por la reserva de ley, que hace que.
Todos los aspectos esenciales del régimen.
Jurídico funcionarial deban venir regulados por ley.
Que es ley que lo pueden.
Aprobar o el Estado con carácter básico, o las.
Comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias.
Pero cumplido ese marco legislativo
necesario
todo el ámbito
complementario ya deberían ser opciones
para que cada entidad local, en aspectos, insisto.
Que no son esenciales. No son.
Aquí que cada entidad local cree situaciones.
Administrativas. Nuevas.
Sistemas de provisión completamente diferentes.
Que las nuevas. Clases de personal.
Una estructura retributiva propia, singular.
No, todo eso no puede hacerlo, porque está sometido a.
Reserva de ley.
Pero en los aspectos que no son esenciales.
Una entidad local debería poder.
Y normalmente lo que suele ocurrir es que.
La legislación ya de por sí.
Es tan amplia y tan. Intensa también.
Que las entidades locales, en primer lugar, no tienen margen.
Y en segundo lugar, ni siquiera.
Son conscientes.
De que pueden y deben.
En la medida que el marco normativo legislativo
les permite, pues, realizar regulaciones propias.
Concretando aspectos. Innovando.
En aquellos aspectos que afectan al régimen,
a los aspectos esenciales del régimen jurídico funcionarial,
a establecer regulaciones propias para su personal.
Evidentemente, esto en entidades locales de mayor número.
De personal, pues es más.
Propio y puede ser deseable obviamente para una entidad local.
Mucho más reducida, pues a lo mejor puede no serlo.
Bien.
Qué ocurre finalmente con la Ley.
27 2013 de racionalización y sostenibilidad
de la administración local?
La reforma de 2013. Ha cambiado el.
Sistema de fuentes de la función pública local.
Fijémonos los funcionarios al.
Servicio de la administración local se rigen en lo dispuesto en esta ley.
Es decir, primero esta ley.
Primero la Ley de Bases de Régimen Local.
Que es lo que. Donde se inserta.
Esta. Nueva. Redacción del artículo 92.
Es decir, primero la Ley de Bases de Régimen Local, después
por la Ley siete 2007, de 12 de abril, del Estatuto.
Básico.
Del Empleado Público, luego por la restante legislación.
Del Estado en materia de función.
Pública y finalmente por la legislación.
De las Comunidades Autónomas en los términos del artículo 149 uno 18.
Es decir, en lo.
Dispuesto en esta ley, en lo.
Dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local.
Primero, la Ley de Bases de Régimen Local y.
Después el Estatuto Básico del.
Empleado Público. Ahora bien,
esto no significa.
Que ya nos olvidemos del Estatuto Básico del.
Empleado Público, ni muchísimo. Menos.
Porque aunque prime la Ley de Bases de Régimen Local
y tenga una preferencia explicativa y sobre todo la última instancia,
el legislador
en la Ley de Bases de Régimen Local o en la legislación de régimen local,
puede establecer las regulaciones especiales.
Que considere.
Oportuno sin tener en cuenta el Estatuto básico del empleado Público.
En principio puede.
Hacerlo y en algunos aspectos.
Lo hará. Singulares. En realidad.
La legislación
de bases de régimen local sobre función pública local es eso.
Es una serie de previsiones
singulares propias de la administración local.
Por tanto, la legislación de función pública local
en sede de régimen local lo que hace es edificar
sobre el estatuto básico del empleado público
la conceptualización del régimen funcionarial,
del Estatuto Básico del Empleado Público
sirve para que la Ley de Bases de Régimen Local observe,
por supuesto, lo que pueda complementar y desarrollar.
Pero si considera que alguna previsión
del Estatuto Básico del Empleado Público no es la más oportuna
para la administración local, puede introducir una regulación diferente.
Evidentemente, no se trata.
De que la Ley de Bases de Régimen Local empiece a hacer.
Regulaciones diferentes al Estatuto básico.
Del Empleado Público de una manera arbitraria.
Tiene que estar.
Justificado.
Y así, por ejemplo, en la reforma que ha hecho relativa
al personal eventual en la administración local.
Por ejemplo.
Afecta a cuestiones complemente arias, pero no reconceptualizar
al personal eventual tal y como viene regulado a día de hoy.
En el Estatuto Básico. Del Empleado Público.
Construye sobre el concepto de personal.
Eventual. Del Estatuto.
Básico del Empleado Público e introduce unas modificaciones
complementarias de limitación de número de personal eventual.
En las entidades.
Locales según umbrales de población,
y luego también delimita los ámbitos funcionales
en los que pueden nombrarse personal eventual,
edificando, como digo, sobre el concepto de.
Personal.
Eventual y las.
Funciones que, según el Estatuto Básico del.
Empleado Público.
Puede desempeñar este personal.
Bien, luego recoge
salvada esta esta referencia
a que o explicada esta relación entre la Ley de Bases de Régimen Local
y el Estatuto Básico del Empleado Público por la reforma.
De 2000. 13.
Luego recoge una previsión que pudiera.
Sorprender desde las premisas constitucionales de que.
El Estado debe limitar.
Su potestad.
Legislativa en el ámbito local y en el ámbito concreto de la función
pública local, al carácter.
Básico de esa potestad. Legislativa.
Y es la previsión que dice que se rige también
por la restante legislación.
Del Estado en materia de función.
Pública.
Si en principio.
Solamente la legislación básica.
Porque el Estado sólo tiene competencia
básica sobre el régimen local y sobre el régimen funcionarial.
Cuál es esa.
Otra legislación del Estado en materia de función pública también.
Aplicable?
Bien,
esto viene a decir por supuesto, que además de la
legislación básica mencionada ahí, Ley de Bases de Régimen Local y
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, hay.
Otra legislación básica de régimen funcionarial que también es.
Aplicable, por ejemplo, a la Ley de incompatibilidades y.
Que no está incluida en. El EBP.
En última instancia, también viene a ser implícitamente
una alusión velada a la eficacia supletoria
de la legislación del Estado.
Pero evidentemente.
Como sabemos, esta supletoria solo es aplicable si no se puede.
Reconducir o intentar aplicar otro escalón normativo.
Ya sea de las Comunidades autónomas o de las entidades locales.
Y luego también hay que tener en cuenta que la propia Ley
de Bases de Régimen Local incluye incluye algunas.
Referencias o mejor.
Dicho, remisiones a la aplicación de la.
Legislación del Estado respecto a determinadas cuestiones.
Hemos visto antes, por ejemplo, la regulación
de la jornada laboral, que habrá que entender ahora.
Así también que esa esa.
Aplicación es preferente sobre la del Estatuto Básico del.
Empleado Público.
Bien, con todo,
vuelve a ser plenamente válido y sigue siendo plenamente válido
que, en última instancia,
quien debe establecer el estatuto legislativo completo.
Y exhaustivo de los funcionarios públicos.
Locales son las Comunidades Autónomas.
Por mucho
que el cuerpo normativo del Estado, con carácter básico primordialmente
y no básico en la medida que sea aplicable también.
Por mucho que sea más o. Menos.
Amplio o por mucho que se haya.
Reordenado su relación.
El Estatuto de la función pública local
es el que establezcan.
Las comunidades autónomas.
Cuestión diferente es que no lo hayan establecido
y que nos encontremos con.
Que haya una aplicación general de la función
pública, del régimen jurídico, de la función pública autonómica
o incluso una aplicación ya de la legislación.
De función pública del Estado.
Ya con. Carácter supletorio.
La ley del 27 habrá 2013.
Desgraciadamente no menciona las entidades locales dentro del
sistema de fuentes que rigen a los funcionarios locales.
No los mencionan.
Bien, aunque no lo menciona.
Aun así, el artículo.
Tres del Estatuto Básico del Empleado Público, que no ha sido derogado
por la Ley 27 para 2013, hay que entenderlo plenamente.
Aplicable
porque no es aplicable en sí mismo.
O mejor dicho, su virtualidad no deriva de que esté
en el estatuto básico del empleado público
o no esté en la Ley de Bases de Régimen Local,
sino que es una consecuencia constitucional.
De la autonomía local.
Constitucionalmente reconocida a la administración local.
Bien, el segundo punto
que quería tratar en esta sesión es el tema de la reserva de funciones.
En la función pública. Local.
Ya en la Ley de Bases de Régimen Local se recogían.
Que una serie de funciones
debían ser desempeñadas necesariamente por personal.
Funcionario.
Hablaba de Merece la pena citarlo para.
Entender posteriormente toda la evolución legislativa.
Hablaba de. Funciones.
Públicas cuyo cumplimiento queda.
Reservado exclusivamente a personal sujeto al estatuto funcionarial.
Y cuáles eran esas?
Decía en primer lugar, las que impliquen.
Ejercicio de autoridad.
Vale, es un concepto.
General que se aplica a toda la administración local.
Luego va a definir una serie de funciones
que son también propias o evidentemente.
Son reconocibles en la administración.
Local, pero que posteriormente van a ser asignadas con carácter.
Exclusivo a unos funcionarios determinados,
que son los funcionarios con habilitación
de carácter nacional,
que son las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo.
Las de control y fiscalización interna de la.
Gestión económica, financiera y presupuestaria.
Las de contabilidad y tesorería.
Estas son funciones.
Públicas locales que necesariamente deben ser.
Desempeñadas por funcionarios, aunque posteriormente.
Estas funciones se reservan además aún a unas escalas.
Específicas de funcionarios.
Los funcionarios con habilitación de carácter hoy día nacional.
Por entonces.
También bien y luego incluía una
cláusula general que permitía
entender evidentemente.
Que los puestos en la administración.
Local con carácter general debían.
Ser aplicados por funcionarios.
Y sí, también serán aplicadas, serán.
Desempeñadas por funcionarios.
Las funciones.
Las que la presente ley o en desarrollo de la misma, se reserven.
A los funcionarios para.
La mejor garantía de la objetividad, imparcialidad
e independencia, objetividad.
Imparcialidad e independencia
son conceptos jurídicos indeterminados, muy amplios.
Incluso fue
fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional precisamente por.
Esa amplitud, esa concreción.
Pero el Tribunal Constitucional.
Precisamente dijo que esta última cláusula general de reserva.
De funciones a funcionarios.
Lo que hacía precisamente era encauzar y articular
la opción preferencial que la Constitución había dado a.
Los funcionarios a la reserva de funciones a funcionarios
en la Constitución del 78.
Bien, el Estatuto básico del Empleado
Público, en cambio, deroga esa regulación originaria de la Ley
de Bases de Régimen Local y señala que las funciones que serán.
Desempeñadas por funcionarios en la administración.
Local serían las que impliquen la participación directa o indirecta
en el ejercicio.
De las potestades públicas o en la salvaguarda
de los intereses generales del Estado y de las Administraciones públicas.
Esta cláusula, en realidad es una cláusula.
General para todas.
Las administraciones. Públicas.
Está en el artículo.
Nueve dos del Estatuto Básico del Empleado.
Público, con lo cual también en principio, se aplicará
en la administración local.
Sin embargo, el estatuto básico del empleado público.
En su disposición adicional.
Segunda incluía una cláusula
específica y propia para la.
Administración local.
Y hablaba funciones públicas en las corporaciones locales.
Y fijémonos lo que decía son funciones públicas
cuyo cumplimiento queda.
Reservado exclusivamente. A funcionarios
las que impliquen ejercicio de autoridad,
las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control
y fiscalización interna de la gestión económica, financiera
y presupuestaria, las de contabilidad y Tesorería.
En realidad, a partir de las de fe pública en adelante,
son funciones públicas de las entidades locales,
pero que además son las que luego se van a reservar.
Van a quedar reservadas.
A los funcionarios con.
Habilitación por entonces de carácter estatal.
Para el resto de funcionarios solamente serían propias.
De funcionarios para.
El resto del colectivo funcionarial las que impliquen.
Ejercicio de autoridad.
Claro, si observamos.
Entre esta disposición adicional segunda y el artículo nueve dos,
aquí hay una reserva de funciones públicas a funcionarios
mucho más limitada que la general que establece el artículo nueve dos,
que habla con carácter mucho más amplio de participación
directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas
o en salvaguarda de intereses generales del Estado,
claro ejercicio de potestades públicas y.
Salvaguarda de los intereses generales del Estado.
Son conceptos de reserva funcionarial.
Mucho más amplios que los de.
Funciones que impliquen ejercicio de autoridad.
Bien, aunque es más restrictivo.
La disposición adicional. Segunda.
Evidentemente.
O incluso el ministerio cuando sacó una comunicación.
Interpretativa de.
Esta disposición.
Y también parte de la doctrina que.
Interpretó esta disposición.
Entendió que la. Disposición.
Adicional segunda no desplazaba o no, no hacía inaplicable el artículo.
Nueve dos del Estatuto
Básico del Empleado Público en la Administración Local.
Sino que era una concreción, un despliegue precisamente
de una normativa que sería más propia del régimen local que.
Del régimen funcionarial, porque es una.
Regulación propia y singular del régimen local,
pero que sería una concreción, un desarrollo.
De la cláusula general.
Del artículo nueve.
Dos del Estatuto. Básico, con lo cual.
Tendríamos que la reserva de funciones a funcionarios.
Vendría dada por el ejercicio de potestades públicas, salvaguarda.
De intereses generales.
Ejercicio de autoridad
y luego todas esas funciones que tradicionalmente son la razón.
De ser
y están adscritas exclusivamente a los funcionarios con habilitación
por entonces. De carácter estatal.
Bien, qué hace la Ley 27 de.
2000. 13?
Deroga esa disposición adicional segunda En este.
Punto también en todo lo que venía a.
Continuación de regulación del régimen jurídico,
los funcionarios con habilitación de carácter estatal.
Y nos va a dar una regular con un precepto
que en realidad es una síntesis casi por acarreo
de lo que venía en la originaria Ley de Bases de Régimen Local del 85.
Y lo que posteriormente. Regula el.
Estatuto Básico del Empleado Público de 2007.
No tiene desperdicio.
Todo el elenco de.
Funciones que están reservadas a funcionarios.
Corresponde exclusivamente. A los funcionarios de.
Carrera al servicio de la Administración local.
El ejercicio de las funciones que impliquen la participación
directa o indirecta
en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia.
De los intereses. Generales, es decir.
El nueve dos del Estatuto.
Básico reproducido aquí ahora
específicamente para la administración local.
Igualmente son funciones públicas cuyo cumplimiento que.
Reservada a. Funcionarios.
Las que impliquen ejercicio de autoridad
y en general
aquellas que en desarrollo de la presente ley se reserven a los.
Funcionarios para la.
Mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia,
es decir, la originaria Ley de Bases de Régimen Local,
en su cláusula última, que establecía una cláusula general de reserva
menos concreta, mucho más amplia, pero que en última instancia
intentaba articular esa preferencia del régimen funcionarial
sobre el laboral en.
Las administraciones públicas.
Aquí no se.
Mencionan ahora las funciones de fe pública, asesoramiento legal
preceptivo, intervención.
Tesorería. Etcétera contabilidad.
Porque luego, cuando regula el régimen de.
Los funcionarios con habilitación de carácter nuevamente nacional,
dice que esas funciones
están reservadas a funcionarios, con lo cual.
No era.
Necesario introducirlos en la cláusula.
General. Bien
con lo cual tenemos esa conformación de la reserva.
De funciones en la función pública.
Local.
Bueno, pues que. Nos da un.
Una regulación general que en última instancia
cada entidad local, cada administración local
en su.
Relación de puestos de.
Trabajo, deberá concretar, aunque también aquí la estas cláusulas.
De reserva de funciones a funcionarios.
Abocan a una técnica
normativa y de gestión.
De recursos humanos.
Un tanto contradictorio, ya que si la regla general precisamente es.
Que los puestos de trabajo en las administraciones públicas
son desempeñados por funcionarios.
En la reserva de funciones, aunque en.
La legislación sea una.
Previsión explícita y casi excepcional.
Lo que no puede llevar es a que la Administración, en la.
Relación de puestos de. Trabajo deba motivar.
Que un puesto. De trabajo
sea asignado a funcionarios, porque esa es la regla general.
Lo que debe motivar es precisamente lo contrario.
Por qué un puesto de trabajo.
Puede ser desempeñado por personal laboral?
Porque no incide en.
Ninguna de estas funciones. Públicas.
Bueno, esto
nos permite precisamente
emprender.
Otra de las cuestiones importantes que la Ley 27 2013.
Lleva a cabo y es la de la delimitación o el.
Intento de delimitación
entre funcionarios laborales en la función pública local.
El Estatuto Básico del Empleado Público de 2007,
con carácter general para todas.
Las administraciones,
no recoge ninguna previsión de cuál deba ser esa delimitación de puestos.
Hay que entender la reserva de funciones.
Sí que concurre a identificar algunos.
Puestos que son reservados a funcionarios,
pero los funcionarios no se reservan.
En cambio, esas funciones.
Es decir,
los funcionarios no están solo para las funciones reservadas,
sino también. Para todo tipo.
De puestos con carácter general.
Lo excepcional es el régimen laboral en la función pública para.
Determinados puestos y funciones excepcionales.
El Estatuto básico.
Esa delimitación.
No la establece. Con carácter básico.
Bien es cierto que tampoco se establecía
antes del Estatuto Básico del Empleado Público.
Con ese carácter básico.
Cada administración o mejor dicho, cada legislación.
Estado o comunidades autónomas
en sus leyes de función.
Pública, podían.
Establecer qué puestos estaban reservados o podían
ser desempeñados, mejor dicho, excepcionalmente, por personal.
Laboral, bien
lo que hace, lo que hace.
La Ley de.
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2000.
13 es introducir
una previsión,
digamos, sorprendente.
Sorprendente por su novedad.
Porque no estaba recogida en el.
Derecho positivo en estos términos.
Era doctrina constitucional.
Y pacíficamente.
Posteriormente.
Admitida por la doctrina y que.
Había postulado una parte de ella este.
Carácter.
Pero así en derecho.
Positivo no se había reconocido de una.
Manera tan clara.
Dice con carácter general.
Los puestos.
De trabajo en la administración local y sus.
Organismos autónomos serán desempeñados
por personal funcionario.
Bien, en realidad esto es una.
Declaración de intenciones. Es una regla. General.
Lo importante será luego que.
Las relaciones de puestos de trabajo, efectivamente.
De forma singular y de forma agregada,
efectivamente, cumplan esta regla de que.
Los puestos de trabajo
con carácter general serán desempeñados por funcionarios.
Pero, como digo,
no se concreta.
Evidentemente hay que partir, por tanto, también de esa identificación
de un núcleo duro de funciones funcionariales, valga la redundancia,
pero que.
Como digo, los funcionarios no se reservan
o no se constriñen a esas funciones reservadas a funcionarios.
Sino que, con carácter general.
Todos los puestos en la administración local.
Deben ser como en todos.
Los puestos en las administraciones públicas
deben y pueden ser desempeñados por personal funcionarial.
Excepcionalmente, algunos, por sus características.
Singulares, pueden ser.
Desempeñados por personal.
Laboral, y eso lo debe motivar y justificar y recoger en cada.
Relación de puestos de. Trabajo.
La administración
bien, una vez.
Explicados estos aspectos, que diríamos muy de premisa.
General y básica y casi estructural.
Del sistema de función.
Pública local,
hay que abordar
el nuevo régimen jurídico que la Ley 27.
2013 ha hecho de los funcionarios con habilitación de carácter estatal.
El Estatuto Básico de.
Los de 2007, aparte de su denominación
que los cambió, los bautizó como funcionarios con habilitación de.
Carácter estatal y.
Sobre todo. Llevó a cabo.
Una descentralización normativa y de gestión.
Muy. Intensa.
Las competen de regulación y de gestión
que el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 reconoció.
O reservó.
Al Estado eran muy residuales,
eran algunas cuestiones muy singulares, la propia
disposición adicional, por supuesto, y alguna cuestión muy singular.
Pero tanto en regulación como en gestión,
la competencia primordial se atribuía.
A las comunidades autónomas y, en última instancia y en menor medida,
a las propias entidades locales que iban a establecer las primeras.
Gran parte o casi todo el régimen jurídico de estos funcionarios
y las entidades locales, con alguna colaboración.
Las comunidades autónomas en algunos puntos.
La gestión de estos funcionarios.
Bien, esta cuestión fue muy. Polémica.
Fue muy discutida y era conveniente que unos.
Cuerpos.
O escalas como ahora se les denomina.
Que tienen un carácter nacional, estatal.
Diríamos
que fueran gestionadas y reguladas de manera descentralizada.
Y por tanto, de manera. Diferente.
Una regulación diferente
en cuanto a las provisiones de los puestos de trabajo han respetado.
Lo poco básico que recogía.
La disposición adicional segunda.
Pero fue discutido.
Que pudiera haber muchas.
Diferencias normativas y de gestión
por comunidades autónomas cuando
se trataba de un. Cuerpo único.
En última instancia.
Y que cualquier funcionario de estas escalas o cuerpos,
por decirlo de alguna manera más amplia,
podían ocupar puestos de cualquier administración,
independientemente de la comunidad autónoma en la que estuviesen.
La Ley de.
Racionalización y Sostenibilidad.
De la. Administración. Local
ha llevado a cabo. En primer lugar.
Aparte de la.
Propia denominación
que los vuelve a denominar funcionarios de carácter nacional.
Lleva a cabo una recuperación por el Estado de.
Las competencias de regulación y de gestión.
Una es
una potestad reglamentaria del Estado que se reconoce
a efectos de creación, clasificación y supresión de puestos reservados.
El régimen disciplinario, las deducciones administrativas
de estos funcionarios, las bases y los programas de selección
de estos funcionarios, las formas de provisión de puestos,
las formas temporales de provisión.
Dónde habrá una.
Regulación sobre estas formas. Temporales?
También potestades
de gestión que se reconocen además al ministerio de Economía y Hacienda.
En la actualidad.
La aprobación de la. Oferta de empleo público.
La selección, formación y habilitación de estos funcionarios,
la gestión, la convocatoria y gestión de un concurso unitario.
La danza del.
Registro Especial de estos funcionarios
son aspectos que, como normativos
y de gestión que han sido recuperados por el Estado.
También la propia ley, la nueva ley, la nueva.
Redacción de la Ley de Bases de Régimen.
Local ha procedido a una ponderación.
De los méritos.
Que se deben tener en
cuenta a la hora de.
Los concursos de provisión que se convocan.
Para estas escalas.
Antes se.
Daba un peso mayor a los méritos autonómicos y.
Locales y ahora, por.
Ejemplo, es muy significativo que el Estado señala
los méritos de establecimiento por el Estado serán.
Como mínimo.
Del 80%,
mientras que los de las Comunidades autónomas los méritos de definición
o determinación autonómicos podrán ser, como mucho, hasta un 15%
y los de las entidades locales hasta un 5%.
Es una manera de intentar evitar que particularidades y singularidades.
Autonómicas locales.
Impidiesen una concurrencia y una. Más.
Apertura de.
Candidatos a los puestos, porque los méritos que se establecían.
De carácter autonómico y local.
Impedían.
A lo mejor la y.
Casi, pues, vaciar de sentido, no de sentido, pero restringir mucho
la concurrencia competitiva a la hora de provisión de puestos.
También la libre designación ha sido muy.
En el caso
en el caso de
en el caso de los funcionarios con habilitación de carácter.
Nacional. Se introdujo.
Ya. En los años 90.
Fue muy discutido
el Tribunal Constitucional así lo admitió
diciendo que era una confianza
en las aptitudes y en los méritos de los candidatos y que no impedía
el ejercicio independiente e imparcial de los de los funcionarios.
Y la nueva regulación lo que hace es ampliar por un lado, el ámbito.
De entidades locales donde se.
Pueden. Nombrar estos funcionarios.
Y además lo hace con una perspectiva extraña y sorprendente, porque no.
No lo hace en la propia Ley de.
Bases de Régimen Local, cuáles son
los puestos o las administraciones donde.
Se pueden nombrar.
Por libre designación? A estos?
Se pueden proveer los puestos reservados estos funcionarios.
Sino que lo hace remitiéndose.
A la Ley de Haciendas Locales, es decir, una norma.
Más de carácter fiscal y en la.
Regulación precisamente de los tributos
participados por las entidades. Locales. Bueno.
Pues a partir de ahí delimitan en qué entidades locales se puede nombrar.
Mediante libre designación a estos funcionarios.
También introduce un régimen
que intenta fortalecer
una cierta independencia de.
Estos funcionarios a la.
Hora de.
Del ejercicio de sus funciones, tanto en su nombramiento
y sobre todo en su. Cese.
Sobre todo en el caso de los interventores.
Pues va a requerir una
el informe y o el visto
bueno por parte del Ministerio.
En el caso. De cese solo de interés.
Dice el informe.
Bien bueno, son una regulación en la de la libre designación.
En el caso de los interventores más.
Reforzada paradójicamente, o.
Una manera sorprendente,
se intenta reforzar la gestión financiera
con esa perspectiva, siempre desde una de una sana gestión
financiera, del control del gasto, de que evitar corrupciones,
etcétera Pero bueno, se refuerza el régimen de los interventores.
Pero en cambio el régimen de los secretarios que dictaminan sobre.
La legalidad de la.
Actuación de de los organismos. Locales.
En cambio ahí hay más libertad de nombramiento y.
De cese bien.
Bueno, terminando ya.
Con el personal eventual de la función directiva.
El personal y eventual, como digo,
la Ley 27.
De 2013 lleva a cabo una por lo menos una cierta
limitación cuantitativa y cualitativa de esta clase de personal.
Como decíamos antes.
No permite que se les pueda nombrar para.
Para funciones directivas, pero sí limita.
Numéricamente por umbrales de población.
Pues el número de personal eventual que pueden ser nombrados en cada.
Entidad local y luego.
También desde el punto de vista funcional,
delimita los municipios,
diputaciones, consejos y cabildos,
donde puede ser nombrado este tipo de personal.
Y sobre todo,
dice también desde una perspectiva, como digo, más funcional,
que solamente se puede nombrar este personal.
En. Lo que se denominan servicios generales de la.
Entidad local.
Pueden ser.
Otros servicios más operativos, más materiales.
Si el reglamento.
De organización de la entidad local así.
Lo recoge.
Y por último, en cuanto a la función directiva.
Bueno, decir. Unas cosas muy breves.
La regulación de la función directiva.
En las administraciones públicas en general es una cuestión.
Pendiente de como cuál es la mejor manera de.
Asignar estas funciones directivas en las entidades.
Las entidades públicas.
Y en la entidad las. Entidades locales.
El artículo 176 tres del Texto refundido desde un.
Bueno, en un momento.
Dado reconoció como decíamos, que el personal.
Eventual podía desempeñar.
Esas funciones directivas.
Posteriormente la ley la Ley 57 2003.
Reconoció.
Determinadas funciones directivas para los municipios
de la gran población.
También leyes singulares como Madrid y Barcelona.
Recogieron regulaciones singulares.
Y en 2007. La definición. Del personal.
Directivo.
Local solamente se recogió una disposición adicional.
Del. Estatuto Básico a efectos de incompatibilidad.
Es la Ley 27. Para 2000. 13.
En cambio, vuelve con.
Esta aproximación fragmentaria más una regulación general
de esta función directiva en el.
Ámbito local y recoge la figura del personal.
Directivo de Diputaciones, cabildos y consejos.
Hay un reconocimiento expreso ya de la previsión que.
Anteriormente era implícita en los municipios de gran población.
De que la reserva.
De funciones
de los funcionarios con habilitación de carácter nacional se puede.
Exceptuar por la regulación.
Organizativa, es decir, funciones que en principio.
Pueden.
Deben estar reservadas a estos funcionarios.
La regulación organizativa en los municipios de gran población.
Puede llevar a que.
Se desempeñe.
Por por.
Por otros funcionarios cuando tengan.
Carácter directivo.
Este es uno de los grandes problemas
de la función directiva en ámbito local.
Identificar cuál es.
Porque muchas veces se solapa con las funciones propias
de los funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Y aquí, en.
El caso de los
municipios de gran población, se reconoce, a excepción de que.
Las. Normativa organizativa de los municipios de gran población
puede exceptuar la reserva de funciones a los funcionarios
con habilitación de carácter nacional.
Pero bueno, en cualquier caso, con carácter general.
La Ley 27 dos. 1013.
Intenta.
Este personal directivo o mejor dicho, estas funciones directivas,
diputaciones, cabildos, consejos y en los municipios de gran población.
En cualquier caso se nombre o se.
Provean. Mediante personal.
Que atienda a.
Criterios de profesionalización, competencia profesional y.
Experiencia, y también delimita formalmente.
Que solamente pueda ser entre funcionarios del.
Subgrupo A1.